Soluciones innovadoras para la seguridad ciudadana con foco territorial
La segunda jornada de la Semana de la Seguridad comenzaba con la conferencia magistral de Fabiola Zermeño. Tras ella dieron inicio las sesiones temáticas, que en esta edición se dividieron en dos salas para ampliar el abanico de temas a tratar.
El tema central en una de las salas trataba sobre soluciones innovadoras para la seguridad ciudadana con foco territorial, y la primera la sesión llevaba por título “Gestión territorial y participativa para la seguridad ciudadana”.
Diversos análisis y estudios de Infosegura han detectado que los centros urbanos o grandes núcleos de población son más vulnerables a distintos tipos de violencia como crimen organizado y común, violencia armada y homicida, así como a otros fenómenos sociales tales como el migratorio o la trata de personas. Incluso dentro de un mismo país, el crimen y la violencia difieren de unos lugares a otros. Por eso, es necesario poner en funcionamiento herramientas como el uso de datos, las innovaciones tecnológicas o las alianzas con otros actores implicados para optimizar los esfuerzos de cada país en la lucha contra el crimen.
Para hablar de ello contamos con la participación de Macarena Rau, Presidenta de International de Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) Association, quien habló sobre prevención de la violencia a través de intervenciones urbanas. En su presentación, Rau destacó que “importa tanto el crimen como el espacio en el que se realiza”. Por eso, desde la asociación que preside, se propone un método para reducir la percepción de inseguridad basado en entender tanto la arquitectura física como social de las ciudades, y puso el ejemplo de la primera “Guía CEPTED” con enfoque de género, que incluye recomendaciones que aportan seguridad a las mujeres en territorios con altos índices de delictivos como la iluminación urbana, etc.
Conocimos también la experiencia de la ciudad de Newark en Estados Unidos y sus oficinas de prevención de la violencia de la mano de Alejandro Giménez Santana, Director del Newark Public Safety Collaborative (NPSC), cuya intervención giró en torno al desarrollo de un modelo colaborativo de mejora de la seguridad pública basado en evidencias. Los principios que deberían regir ese modelo se resumen en: Transparencia en el acceso de los datos; movilización de recursos comunitarios y experiencia del personal; dotar a los grupos de la comunidad y agentes gubernamentales con las herramientas que necesiten; y hacer partícipe a la comunidad en las tareas de seguridad pública en el contexto urbano. “Involucrando a la comunidad se logran recuperar información cualitativa que los registros administrativos no nos lo permiten y tomar acciones concretas”, concluyó.
A continuación se presentaron dos experiencias locales. Por un lado y de la mano de Gerald Campos, Ministro de Justicia y Paz de Costa Rica, conocimos el funcionamiento de los Centros Cívicos por la Paz de su país: espacios que brindan seguridad y protección, libres de violencia, discriminación, de tabaco, alcohol, drogas y armas. Estos programas gratuitos han llegado hasta el momento a más de 12 mil menores.
Por el otro los Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades-CUBO , cuyo Coordinador Nacional, Abraham Rivera, habló al auditorio sobre cómo funciona la administración de esos espacios , cedida en parte a los jóvenes en cada comunidad, sobre las distintas actividades adaptadas según los territorios, y sobre la demanda de la población de este tipo de lugares que, según Rivera, promueven una transformación en las comunidades donde se ubican, hasta convertirse en un foco desarrollo social y económico.
Violencia armada, territorio y estrategias de prevención
Ese era el tema de la segunda sesión del día. La gestión de la seguridad ciudadana supone comprender de qué manera la violencia se configura en el territorio y cómo actúan el conjunto de actores implicados sobre el mismo. El conocimiento, explicación y comprensión de los fenómenos violentos constituye un insumo fundamental para el diseño de estrategias preventivas.
Por eso, este panel moderado por Carlos Ramos, Coordinador de la Red CONOSE, contó con la participación de Ignacio Cano, de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien presentó del estudio “Evaluación de programas de prevención de homicidios en América Latina”. En su intervención aseguró que “no existen muchas evaluaciones de calidad y las pocas que existen sin resultados concluyentes” sobre programas de prevención de homicidios. Posesión y entrega de armas, violencia de género y feminicidio, restricciones a la venta de alcohol o estrategias de patrullaje policial son los temas de algunos de los programas evaluados. “Solo se encontró algún impacto los proyectos que inciden en la posesión de armas de fuego en lugares públicos”, dijo Cano, aunque reconoció que “algunos de estos programas tienen influencia más a largo plazo, y no a corto y medio”.
Gabriela Pérez, especialista en temas de Justicia y Estado de derecho de Infosegura, diseccionó el “Análisis de la violencia armada con foco territorial en Guatemala” Se trata de un estudio producto de la colaboración y apoyo brindado por Infosegura a la Comisión Nacional para la Prevención de la Violencia Armada , liderada por el Ministerio de Gobernación de Guatemala, como base para el diseño de la estratégica nacional de prevención de la violencia armada. Las principales conclusiones nos dicen que pese a que los homicidios han bajando desde el 2020, existe un incremento en la proporción de los fallecidos por arma de fuego. Un dato relevante del estudio es que, al contrario de los que se creía, las armas registradas son las principales protagonistas de los homicidios. “De hecho, en algunas zonas del país, la costumbre de portar armas de fuego como accesorio, puede propiciar el uso de estas en un momento de violencia”, señaló Pérez.
Finalmente Alfredo Malaret, del Programa de Violencia Urbana de la Universidad de San Diego, detalló los componentes para que las llamadas Oficinas de Prevención de Violencias (OVPs) funcionen: deben de ser autónomas pero no desvinculadas de la policía. Lideradas por civiles que deberían tomar el rol de la coordinación. Es importante que esa coordinación se haga sobre la base de datos y diagnósticos, así como dotar de roles específicos y funciones a todos los miembros. Así mismo, deben contar con un presupuesto definido, compromiso por parte de las autoridades competentes, contar con una agenda bien definida y con una evaluación de impacto.
La innovación siempre presente
Tras el almuerzo llegó el momento de hablar de tecnología en la sesión “Innovación tecnológica para mejorar la seguridad ciudadana y la justicia”, moderada por Inka Mattila, Representante Residente PNUD en República Dominicana, quien en su presentación hizo hincapié en la importancia de contar con arquitecturas institucionales para la innovación y estrategias para la gestión de cambio, para proteger las mejoras y evitar retrocesos sociales.
En esta ocasión fueron tres los panelistas que hablaron al auditorio. En primer lugar Iris Artica, Directora del Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial CEDIJ de Honduras, que mostró el funcionamiento del Sistema de Estadísticas Judiciales de su país.
A continuación llegó el turno de Reyson Lizardo, del Ministerio de Presidencia de República Dominicana, quien en una interesante ponencia explicó cómo funciona el intercambio de información en seguridad ciudadana en su país. El cierre de la sesión correspondió a Claudio Ramírez, Coordinador de la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía Nacional de Chile, que expuso las algunas nuevas herramientas para el análisis criminal, como el uso de inteligencia artificial (IA) para detectar estructuras criminales, lo que permite identificar cómo operan los mercados ilegales y las bandas. “Sin embargo, la inteligencia artificial perfecciona, pero no reemplaza la labor del analista criminal”, afirmó. “El comportamiento criminal es predecible, por lo tanto, la IA nos permite aumentar la efectividad y eficiencia de la investigación” explicó para terminar.
Movilidad humana y seguridad ciudadana
La jornada se cerró con una animada presentación sobre “Territorio, seguridad ciudadana y movilidad humana”, moderada por Johanna Saénz, Asesora Regional en Movilidad Humana en PNUD-LAC. Saénz en su introducción, advirtió de que movilidad humana y migración irregular son fenómenos de origen multidimensional “que se gestan en las condiciones de vulnerabilidad en que viven gran parte de la población, tanto internamente en los países de origen como en el tramado internacional”.
Por eso es indispensable comprender todas dimensiones del fenómeno, y para llegar a esa comprensión se celebró esta sesión.
Los dos primeros ponentes fueron Jesús Saénz Solís, de laUniversidad de Costa Rica y miembro de la Red Conose, que habló sobre “Migración y entorno de violencia en Centroamérica y República Dominicana: un análisis desde el machine learning”, , y Lyla Gil, Analista de datos del Proyecto PNUD Infosegura, encargada de explicar el “Análisis de seguridad ciudadana, movilidad humana y desarrollo en los países del norte de Centroamérica”.
Ambos nos compartieron que factores como la edad, la clase social, la inseguridad y, en los últimos años también el deterioro de la democracia en algunos países, son los principales precursores para la movilidad humana.
“Aunque la violencia, la desigualdad, la victimización o la sensación de inseguridad han sido los propulsores de la emigración, el deterioro de la democracia ha empezado a ser un motivo para migrar”, expuso Lyla Gil. También detectaron como las condiciones de exclusión que enfrentan los jóvenes les han hecho asumir los riesgos de movilizarse, principalmente de forma irregular.
El reto, según Jesús Saénz, es generar información con mayores niveles de desagregación y fomentar innovaciones en la recolección de datos para poblaciones ocultas, para así construir conocimiento regional sobre movilidad humana y con enfoque de género.
Por último y para cerrar la jornada, se expusieron dos experiencias de terreno que captaron el interés de la audiencia. Por un lado, la intervención de la Asociación Salto Ángel de Colombia a través de su presidenta Maybelis Ávila. Ella explicó los logros y el funcionamiento de esta asociación: “Una apuesta por la integración y el fortalecimiento de la resiliencia individual y colectiva”, dijo, donde la movilidad humana se consideró desde el inicio un elemento central para potenciar el desarrollo local mediante la puesta en marcha de redes de acogida, tanto institucionales como comunitarias, y la valoración del capital social migratorio.
Está iniciativa liderada por el PNUD en alianza con organizaciones de cooperación y la administración municipal de Maicao, contó con la participación de población migrante venezolana, colombianos retornados, y comunidad de acogida en situación de vulnerabilidad mediante la apuesta de generar incentivos por trabajo comunitario voluntario.
Y por el otro, la llamada Trafficking in Persons work CS2.0, de la mano de Maia Hibben de Carisecure. Se trata de un programa regional financiado por USAID, y diseñado para mejorar la forma en que los socios gubernamentales y no gubernamentales recopilan, analizan, gestionan y utilizan datos sobre delitos y violencia para mejorar la formulación de políticas y los programas de seguridad ciudadana.
La jornada concluyó con el Coordinador de proyecto de Infosegura en Guatemala, Eduardo Díaz, haciendo una síntesis de los puntos más destacados del día.
