Crimen organizado, desigualdad y masculinidad tóxica, retos para una sociedad igualitaria
La realidad de las mujeres y niñas en América Latina, especialmente en la región de Centroamérica y República Dominicana, es desafiante y compleja. Datos de Infosegura revelan una trágica verdad: en 2022, solo en Costa Rica, Guatemala, Honduras y República Dominicana, perdieron la vida 862 mujeres, siendo 81 de ellas niñas y adolescentes. Casi el 40% de estas víctimas tenía entre 18 y 30 años, y en el 75% de los casos, la causa de muerte fue el arma de fuego.
Ante esta realidad, abordar la violencia de género exige un esfuerzo conjunto de actores políticos e institucionales de seguridad y justicia, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil. Fabiola Zermeño, Directora General del centro de Estudios y estrategias para el desarrollo y la equidad, EPADEQ, de México, abordó esta problemática durante una conferencia magistral en la II Semana de la Seguridad Ciudadana de Infosegura.
Zermeño enfocó su exposición en la necesidad de incorporar el enfoque de género e interseccional en las políticas de seguridad ciudadana. A pesar de avances notables, como la reducción de la tasa de homicidios en Centroamérica y República Dominicana de 50.5 en 2010 a 18.5 en 2020, persisten retos significativos. “La violencia sigue siendo una realidad arraigada, con la presencia del crimen organizado, el tráfico de drogas, el control territorial por grupos delictivos y los altos índices de homicidios y feminicidios”, dijo.
La ponente identificó diversos factores que contribuyen a este escenario, como la pobreza, desigualdad, exclusión y crecimiento urbano desordenado, la corrupción, el acceso fácil a armas de fuego o la presencia transnacional del crimen organizado. También nombró otros factores que aún guían las relaciones entre hombres y mujeres como la persistencia de la dominación masculina, la valoración social de modelos de masculinidad agresivos, la falta de autonomía económica de las mujeres, normas sociales que legitiman la violencia, la socialización masculina sin responsabilidades de cuidado a los otros o el rstereotipo de las mujeres como víctimas.
En este contexto de violencia y delincuencia, la dinámica de género está insuficientemente integrada en la comprensión del fenómeno y en las políticas públicas de seguridad ciudadana. De ahí que Zermeño considere que es crucial comprender “cómo la inseguridad afecta de manera diferenciada a las personas, cómo hombres y mujeres participan de manera diferente en el fenómeno delictivo y cómo el género es una causa estructural”.
Fabiola Zermeño, Directora General de Estudios y estrategia para el desarrollo y la equidad (EPADEQ) de México, junto a la moderadora de la María del Carmen Sacasa, Representante Residente de PNUD en Panamá.
La doctora Zermeño propuso fortalecer la incorporación del enfoque de género y feminista en la seguridad ciudadana, reconociendo los problemas que afectan a las mujeres, incluyendo su cosmovisión y ética en la toma de decisiones. Además, abogó por desmarcarse de la histórica hegemonía masculina y adoptar nuevos paradigmas centrados en el cuidado como fundamento de la seguridad y la paz.
La aplicación de la ética del cuidado en la seguridad ciudadana, según Zermeño, implica no solo prevenir la agresión, sino también satisfacer necesidades, demostrar responsabilidad y atención hacia el otro. En este sentido destacó la importancia de integrar esta ética junto con la ética de la justicia para repensar el abordaje del fenómeno.
Finalmente, Zermeño ofreció recomendaciones concretas, desde incluir más mujeres en espacios públicos de reflexión hasta fortalecer la producción de información y estadísticas oficiales sobre inseguridad y violencia contra el género femenino. Por último, subrayó la importancia de la educación para el cuidado, la inclusión de la perspectiva de género en investigaciones y la colaboración con organizaciones feministas.
Esta conferencia fue el inicio de la jornada en la primera de las salas donde se desarrollaron sesiones a lo largo de ese día, en concreto sobre políticas públicas de seguridad ciudadana con perspectiva de género y enfoque interseccional.
