Corresponsabilidad y colaboración, claves para potenciar la seguridad ciudadana
La sesión de mañana de la primera jornada de la II Semana de la Seguridad Ciudadana de Infosegura contó con la presencia de autoridades y políticos que pusieron las bases de lo que luego serían las sesiones temáticas especializadas en seguridad. El primer día se llevaron a cabo dos de estas sesiones con el mismo eje temático de toda la jornada: "Gestión de políticas públicas de seguridad ciudadana basadas en evidencias: Avances y desafíos".
La primera llevaba por título “La corresponsabilidad entre actores: estrategia para potenciar la seguridad ciudadana” y, moderada por Marcela Smutt, Coordinadora Regional del proyecto Infosegura, y planteaba la necesidad de la articulación de esfuerzos y la integración de recursos para lograr resultados efectivos y transformaciones significativas en la seguridad ciudadana. La corresponsabilidad y la colaboración entre actores se presentó como estrategias clave, enfocadas en la participación, investigación, procesos formativos y generación de conocimiento.
El primer panelista, Servio Tulio Castaños, Presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia de República Dominicana (FINJUS), resaltó la importancia que la sociedad civil debe tener a la hora de planificar políticas de seguridad ciudadana. Castaños abordó el problema de la inseguridad, señalando que hasta el 70% de los homicidios en República Dominicana están relacionados con cuestiones de convivencia pacífica. “Mejorar la recopilación y el uso de la información en los ecosistemas de datos es una prioridad para promover la justicia y seguridad centrada en las personas”, dijo.
Castaños presentó la exitosa práctica de alianza entre la fundación que preside y el gobierno de su país para la recopilación y evaluación de datos, destacando la relevancia de un enfoque centrado en las personas.
La segunda intervención estuvo a cargo de Karla Salazar, Coordinadora de la Red de Conocimiento sobre Seguridad Ciudadana (CONOSE). Salazar compartió la agenda de CONOSE, centrada en seguridad ciudadana y prevención de la violencia, así como los desafíos y contribuciones a la formación y especialización técnica. Subrayó la importancia de la colaboración entre la academia y los tomadores de decisiones, la necesidad de mecanismos de financiamiento sostenibles y la actualización en metodologías y herramientas tecnológicas para producir y acceder a datos de calidad en la región.
El cierre de la sesión estuvo a cargo de Andrés Preciado, Director del Área de Seguridad y Política Criminal de la Fundación Ideas para la Paz en Colombia. Preciado destacó la importancia de las iniciativas público-privadas para la gestión de la seguridad ciudadana. Abordó el concepto de gobernanza y abordó tres dilemas que permiten construir una gobernanza no criminal como alternativa para América Latina. “Por una parte, el reconocimiento de la multiplicidad de actores que ordenan y regulan los territorios. En segundo lugar, la forma como se construyen los vínculos entre ellos. Y, finalmente, los aspectos que tienen que ver con la construcción de legitimidad y liderazgo del estado en el marco de la seguridad. Estos tres elementos permiten escapar de la visión que condena a la región a uno tener una alternativa”, afirmó.
Iniciativas en primera persona
La segunda sesión, moderada por Jairo Acuña Alfaro, Líder de Gobernabilidad y Paz de PNUD para América Latina y el Caribe, se enfocó en "Iniciativas público-privadas para la gestión de la seguridad ciudadana".
La necesidad de una sostenibilidad tanto política como institucional y financiera es crucial para conseguir los logros marcados en materia de seguridad ciudadana. Esta sesión analizaba vías de financiación alternativas y posibles alianzas para fortalecer los presupuestos destinados a la lucha contra la delincuencia.
En nombre de PNUD-Infosegura Carlos Acevedo presentó el “El análisis de la composición y evolución del gasto público en seguridad, justicia y derechos humanos en El Salvador, Guatemala y Honduras”. En su intervención destacó que entre 2010 y 2022, el gasto total de los tres países en seguridad pública, justicia y derechos humanos creció a una tasa promedio anual del 8.2%. Acevedo ofreció recomendaciones de política pública, subrayando la importancia de la inversión social como estrategia preventiva y la necesidad de coordinación interinstitucional.
Óscar Bueno, de la Universidad de Texas, El Paso, presentó el caso de FICOSEC en Chihuahua, México, como una exitosa colaboración público-privada para la prevención de la violencia. Bueno resaltó los elementos clave para la replicabilidad de esta experiencia, incluyendo un ecosistema de organizaciones de la sociedad civil, un sector privado comprometido, voluntad política, un equipo especializado y la participación de las agencias de seguridad y justicia.
La sesión concluyó con la idea de que aprender de experiencias exitosas, como la de FICOSEC, puede llevar a la identificación de buenas prácticas y áreas de oportunidad, contribuyendo así a la creación de modelos innovadores para la seguridad ciudadana basados en la prevención de la violencia.
