Movilidad humana en Centroamérica, un reto para la seguridad y los derechos humanos

Con 24 años Estefanía no pudo más. Quedarse en Honduras significaba negar su identidad o enfrentarse al acoso, las amenazas y el riesgo cotidiano de morir asesinada. Estefanía es una mujer transgénero, un colectivo al que la violencia y la persecución obligan muchas veces a vivir escondidos. 

“No podía caminar por las calles de Honduras sin temer que pudiera sufrir daño o escuchar algún tipo de comentario (agresivo)”, asegura, “no podía soportarlo más”. Tuvo que tomar una decisión: quedarse y lidiar con el acoso, o abandonar su propio país, como muchas otras antes que ella. “No podría ser peor de lo que enfrentábamos en casa”, pensó.

“Caminé y caminé, día y noche”, recuerda. Pero estaba decidida a encontrar un lugar donde sentirse segura. “Estaba aterrada. El viaje no fue seguro, pero al menos no estaba sola”.

Una noche, su grupo fue atacado, “fui golpeada y tuve que ser llevada al hospital. Siete puntos en mi cabeza. Pero valió la pena”, cuenta. Finalmente llegó a la Ciudad de México, donde solicitó asilo, y donde ahora vive feliz .

Patricia huyó de Honduras con su marido y su hijo amenazados de muerte por unos pandilleros. Ana salió de El Salvador con la sombra de las maras detrás de ella. José abandonó Venezuela con sus tres hijos en busca de una vida mejor. Ernesto perdió todo lo que tenía por las inundaciones de Amatitlán en Guatemala y dejó el país para empezar de cero. 

Según el Servicio Nacional de Migración de Panamá, en 2023 se están superando todos los registros de personas cruzando la peligrosa selva del Darién desde Colombia. Hasta octubre, cerca de 400,000 migrantes se habían jugado la vida en esta temible ruta. La mayor parte son de Venezuela, Ecuador y Haití.  

Esa avalancha de migrantes es lo que llevó al presidente costarricense, Rodrigo Chaves, a ordenar el pasado 24 de septiembre la declaración de una “emergencia nacional” con la que quiere disponer de más recursos económicos para fortalecer las capacidades de las instituciones encargadas de atender la situación de los migrantes.

Solo en septiembre, más de 60,000 personas cruzaron Paso Canoas, la localidad costarricense que hace frontera con Panamá. El número de migrantes era más de tres veces la población de la ciudad de menos de 20,000 habitantes, dijo Jorge Rodríguez, viceministro de la presidencia. El flujo migratorio, dijo Rodríguez, superó “la capacidad institucional para atenderlos”.

En su camino hacia el norte, miles de migrantes se van sumando a la caravana, principalmente de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Fueron más de 700,000 los nacionales de estos cuatro países los que llegaron a la frontera con Estados Unidos en 2022, 287,300 en los primeros seis meses de este año, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. 

"Las caravanas de migrantes plantean desafíos significativos en términos de seguridad y protección de los derechos de los migrantes. Esto requiere una cooperación regional sólida y respuestas que aborden tanto las necesidades humanitarias como las de desarrollo a largo plazo", advierte Por Johanna Sáenz, Asesora Regional en Movilidad Humana en el Centro Regional para América Latina y el Caribe del PNUD.

El ex Director General de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), William Lacy Swing, advertía hace unos años en un documento con reflexiones sobre la VI Cumbre de las Américas (2012) que "la migración en tránsito por la región plantea desafíos importantes en términos de seguridad y protección de los derechos de los migrantes, especialmente los niños y niñas".

En este sentido, la OIM hizo un llamamiento a finales de septiembre a los gobiernos de Centroamérica y México para que cooperen en la toma de medidas humanitarias urgentes para cubrir las necesidades básicas de estas personas. "La situación pone de relieve la urgente necesidad de que haya una participación colectiva inmediata de parte de los gobiernos de los países de origen, tránsito y destino, para brindar asistencia humanitaria, en especial a los grupos en situación de vulnerabilidad como las mujeres y los menores”, señalaba Michele Klein Solomon, Directora Regional de la OIM para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, el documento de la OIM.

Las personas que transitan por México y Centroamérica deben enfrentar numerosos peligros. El viaje a través de la selva del Darién deja a muchos y muchas con heridas, a veces abandonados en medio del lodo, arrastrados por repentinas inundaciones de los ríos, y presas fáciles de actos de violencia, robo y abuso sexual durante toda la travesía. Los más vulnerables, una vez más, las mujeres, las niñas y el colectivo LGTBQ+.

Hasta septiembre, cerca de 1,600 personas llegaban cada día a Darién con la intención de cruzar la selva. "La travesía por el Darién es una de las rutas más mortales y arriesgadas para los migrantes en América Latina. Las condiciones extremas y la exposición a la violencia hacen que esta sea una experiencia angustiosa para quienes buscan una vida mejor", asegura Marcela Smutt, Coordinadora Regional del proyecto Infosegura. 

A lo largo de la ruta, las familias que han agotado todos sus recursos financieros sufren hambre, deben dormir en la calle y se ven obligadas a mendigar. Muchos padecen problemas de salud como diarrea y deshidratación.

"Los migrantes enfrentan numerosos problemas en sus travesías. La seguridad es una preocupación importante, ya que están expuestos a la trata de personas y al tráfico de migrantes y a diversas amenazas a su seguridad personal como la pérdida de documentos de identificación y la violencia sexual”, señala Johanna Sáenz. 

La diáspora centroamericana está compuesta por casi cuatro millones de residentes en Estados Unidos que nacieron en América Central, según el informe Seguridad ciudadana, movilidad humana y desarrollo en los países del norte de Centroamérica elaborado por Infosegura. Los salvadoreños son mayoría, con casi 1.59 millones, seguidos por 1.37 millones de guatemaltecos y casi un millón de hondureño. El resto son nicaragüenses, costarricenses y panameños.

Agencias y organismos como la OIM o el proyecto regional Infosegura, monitorean y analizan los datos de migrantes para aportar soluciones a corto plazo en situaciones críticas o, como en el caso de Infosegura, para acompañar y asesorar a los países en la formulación de políticas efectivas en materia de seguridad ciudadana.

Los detonantes de la migración son diversos: desde factores económicos y sociales hasta crisis ambientales y políticas pasando por la violencia o el rechazo a minorías como el colectivo LGBTQ+. "Los desafíos de la migración son demasiado intensos como para que cualquier nación en las Américas pueda combatirlos aisladamente”, reconocía el Director Regional de la OIM para Suramérica Marcelo Pisani, en el llamamiento de la organización a la que pertenece para que los gobiernos de la región tomen medidas conjuntas ante la avalancha migratoria de los últimos meses. 

"Como lo dispone el Pacto Mundial sobre Migración” continúa Pisani, “es necesaria una estrategia regional cooperativa integral”, a la vez que incide en la necesidad de que cualquier iniciativa se fundamente en las obligaciones humanitarias internacionales, en los objetivos de desarrollo sostenible y en los derechos humanos fundamentales de quienes están en movimiento.

Ya en 2009, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en su Informe de Desarrollo Humano, afirmaba que la movilidad humana libre es un derecho esencial, que debe ser supervisado y regulado por medio de las normativas locales e internacionales. Cuando la migración se convierte en una "opción trágica" (Nussbaum, 2011), una necesidad para escapar de la pobreza, vulnerabilidad o violencias, deja de ser un derecho y se transforma en un dilema complicado.

Es entonces cuando la migración irregular surge de las condiciones de vulnerabilidad que sufren muchas personas en sus países y a nivel internacional. En los tres países del norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras), la violencia e inseguridad frenan las oportunidades de desarrollo de las personas. 

Un ejemplo es la tasa de homicidios, que pese a haber disminuido en los últimos años, en 2019 aún era casi 10 puntos superior a la de América Latina y el Caribe, 30 homicidios por cada 100 mil habitantes en Centroamérica frente a 20 por cada 100 en el conjunto del subcontinente.

La inseguridad no solo afecta a la calidad de vida, al desarrollo humano y a la confianza en las instituciones y la democracia, sino que también incurre en costos económicos significativos. Según el Banco Interamericano de Desarrollo en 2014, el costo del crimen en Guatemala era del 3%  del PIB, en El Salvador 6.2% y en Honduras 6.5%. 

Aunque la búsqueda de oportunidades socioeconómicas es aún la principal motivación para migrar, la violencia y amenazas a la integridad personal siempre se citan como las siguientes razones en la lista, especialmente cuando se pregunta esta cuestión en Centroamérica.

En el caso de las mujeres migrantes en situación irregular, a los motivos anteriores hay que sumarles la violencia intrafamiliar o pública y la discriminación por género. Durante el tránsito, más del 50% de las mujeres migrantes enfrentan violencia sexual. Y, finalmente, en los países de destino, las mujeres deben muchas veces trabajar de manera informal, sin controles ni seguridad laboral la inserción en el mercado laboral (OIM, 2015), con lo que el ciclo de violencia del que trataban de escapar se repite.

Violencia y migración, camino de ida y vuelta
En los últimos años, otra de las creencias que se han extendido como la pólvora entre la sociedad, provocado sobre todo por la desinformación generada por grupos de extrema derecha en redes sociales, es la opinión extendida de que los migrantes son generadores de inseguridad ciudadana. 

¿Qué tiene de cierta esta afirmación? Tras la VI Cumbre de las Américas (Colombia 2012), el por entonces Director General de la OIM, William Lacy Swing, expuso varios argumentos para rebatir esa idea. En primer lugar, porque “la gran mayoría” de las personas migrantes no delinquen. Los registros criminales de los países de la región “son claros en este sentido”. En segundo porque las estadísticas disponibles indican que las personas migrantes no presentan una incidencia delictiva “significativamente superior” a la de los nacionales. Y, en tercero, porque los datos confirman que “no hay relación evidente entre la presencia de personas migrantes y mayores índices de inseguridad”.

“Por estas y otras razones”, señalaba entonces Lacy Swing, “no es atribuible a las personas migrantes la situación de inseguridad que existe en partes de la región y que las políticas que restringen y criminalizan a la migración y a las personas migrantes, pretendiendo así mejorar la seguridad ciudadana, se sustentan en una relación causa-efecto errada y contraria a los derechos humanos. Antes bien, estas posturas generan discriminación y exclusión y pueden servir como justificante para violaciones de los derechos de las personas migrantes”.

Existen investigaciones, especialmente en Colombia, que se han dedicado a examinar la creencia común de que el incremento de migrantes venezolanos en el país ha llevado a un aumento en la inseguridad. Estos estudios se han centrado en determinar si los migrantes son los responsables del incremento en robos y otros delitos. Sin embargo, se ha desmitificado esta creencia. “Los resultados indican que no es cierto, y más aún, los migrantes venezolanos son más propensos a ser víctimas de delitos, incluyendo desapariciones, que los colombianos”, asegura Johanna Sáenz desde el PNUD.

Marcela Smutt coincide en que “no tenemos datos para decir que estos migrantes generan violencia o delincuencia, lo que uno ve es que están transitando por contextos vulnerables”. Para la responsable de Infosegura los estudios muestran que “la dinámica migratoria genera un cambio en las dinámicas propias de las comunidades por donde pasan. El migrante se convierte en ser alguien que consume un producto, alguien que les compra agua, alguien que les compra comida…”. 

Según Smutt, estas comunidades por las que transitan o en las que incluso se quedan, “generalmente son comunidades que también tienen muchas vulnerabilidades”, por lo que lo que se empiezan a dar ciertas dinámicas de conflictividad”.

Movilidad humana y percepción pública
La percepción que la población local tiene de los migrantes está influida por los medios de comunicación y las redes sociales, muchas veces inundadas de desinformación y bulos. Las redes sociales muestran cada vez más la inquietud de la población respecto al alza percibida en la criminalidad vinculada a la inmigración (Ajzenman, Domínguez y Undurraga, 2020). 

No obstante, los datos sugieren que esta puede ser una percepción infundada. Diversos estudios indican que no hay un vínculo directo y concluyente entre la inmigración y un aumento en el crimen (Ajzenman, Domínguez y Undurraga, 2020; Bahar et al., 2020). Y, sin embargo, la percepción de más inseguridad ciudadana en relación a los migrantes, sigue siendo una preocupación que se refleja en las encuestas. 

Según la Encuesta Mundial de Valores (realizada entre 2017-2022) un 46% de los encuestados cree que la migración impulsa el aumento del crimen. En países como Colombia o Perú, que han recibido un gran número de migrantes venezolanos recientemente, el porcentaje superaba el 70%.

En el llamado Latinobarómetro de 2020, un estudio de opinión pública que hace anualmente alrededor de 20.000 entrevistas en 18 países de América Latina representando a más de 600 millones de habitantes, más de la mitad de los encuestados apoyaban la idea de que la inmigración conduce a un aumento en la criminalidad, y un 57% que los inmigrantes compiten por los puestos de trabajo de los nativos.

En la misma encuesta de Latinobarómetro 2020, 52% de la población creía que la inmigración genera un aumento del crimen y el 57% que los inmigrantes compiten por los puestos de trabajo de los nativos.

Ecuador (79%), Bolivia (73%), Chile (72%), Perú (72%) y Colombia (70%) son países donde esta percepción es especialmente alta. Por otro lado, en Brasil (38%), Argentina (32%) y Uruguay (21%), la proporción de personas que asocian la migración con un aumento en el crimen es considerablemente menor.

Otro medidor de la opinión pública con respecto a la percepción de seguridad en relación con los migrantes son las redes sociales. El ejemplo de Twitter (hoy llamada X) es muy clarificador.

Durante 2018, los tres principales temas en la conversación sobre la migración fueron política migratoria (21,5%), visibilidad migratoria (19%) y seguridad (18,2%). La mayoría de las discusiones en Twitter en ese momento se enfocaban en los flujos migratorios y en las políticas adoptadas al respecto por los diferentes Estados.

Dos años después, en medio de pandemia de COVID-19 y ante la ausencia de vacunas, el tema más frecuente en la conversación sobre la migración fue el COVID-19 (34%), seguido de los servicios (21,4%) y las fronteras (11,1%). Ese año la conversación pasó de centrarse en la política migratoria a hacerlo en la disponibilidad de los servicios públicos tanto para nacionales como para migrantes.

En 2022, vuelven a cambiar los temas de discusión, siendo el primero la seguridad (23,8%), la política migratoria (15,9%) y el empleo (9,3%), lo que podría poner de manifiesto el aumento de ciertos prejuicios asociados a la población migrante en la región.

Los datos son la clave
Aquí volvemos una vez más a la necesidad de contar con datos de calidad y actualizados para poder llevar a cabo un análisis completo de la seguridad y la migración en la región. Es importante hacer uso de los mejores recursos disponibles que permitan formular políticas sobre migración bien fundadas y, al mismo tiempo, garantizar la seguridad y los derechos fundamentales a la privacidad de los interesados.

La dramática situación que se vive en la región en los últimos años hace más necesario que nunca contar con datos de calidad para crear narrativas basadas en hechos y dar forma a políticas basadas en evidencia.

No importa si se trata de analizar los movimientos humanos provocados por los desastres climáticos, si queremos estudiar el envío de remesas y su influencia en la economía de los países receptores, o si vamos a buscar la relación entre migrantes e inseguridad ciudadana. La base de cualquiera de estos supuestos es siempre contar con datos de calidad para su posterior análisis.

_{Fotos: OIM/Gema Cortes.}