Poblaciones indígenas, gestión de información y seguridad ciudadana

En el presente viven alrededor de 476 millones de personas indígenas. Representan alrededor del 6.2% de la población mundial. En América Latina y el Caribe vive el 11.5% de personas indígenas del mundo, según datos de la OIT publicados en 2019. Las poblaciones indígenas a través del tiempo han sufrido desigualdades estructurales de carácter político, económico, social, ambiental y sanitario configurando un escenario de vulnerabilidad y riesgo frente a diversos escenarios incluyendo el de la violencia y la inseguridad. En este sentido, es de suma importancia generar mecanismos de gestión de información que impulsen la visibilización de las poblaciones indígenas ante eventos violentos, a través de la desagregación de datos, análisis interseccionales y multidimensionales que permitan el diseño de políticas públicas de seguridad ciudadana basadas en esta evidencia. Según datos de la ONU, publicados en los pueblos indígenas tienen casi tres veces más probabilidades que el resto de las personas de vivir en la pobreza extrema y actualmente representan casi el 19 % de los pobres extremos que viven con menos de 1,90 dólares al día.   La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) indica que el 46.7% de los pueblos indígenas de América Latina viven en situación de pobreza y el 17.3% en pobreza extrema, según en el Informe Panorama Social de América Latina 2020, divulgado en 2021. El Quinto informe sobre la situación de los pueblos indígenas “Derechos a tierras, territorios y recursos”, divulgado en marzo de 2021 por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU (DESA), aborda desafíos importantes en cuanto a seguridad ciudadana al afirmar que se han incrementado los conflictos en sus territorios, así como las agresiones y violencia impunes contra los indígenas defensores de sus derechos y del medio ambiente. Los ataques a sus comunidades han provocado la migración y desposesión y, en los casos de los pueblos cuyas tierras cruzan las fronteras nacionales, suelen colocarlos en un alto riesgo de apatridia. “No será posible alcanzar el desarrollo sostenible sin hacer efectivos los derechos colectivos de los pueblos indígenas a sus territorios y recursos”, enfatizaron los autores en el evento de lanzamiento. La gestión de información es clave para abordar este desafío, pues los datos ayudan a visibilizar poblaciones y territorios específicos para poder priorizar y focalizar recursos y soluciones. En la región se observan diversos ejercicios que buscan visibilizar a los pueblos indígenas; sin embargo, es necesario atender los desafíos persistentes en esta tarea. [caption id="attachment_4341" align="aligncenter" width="1440"] Reunión de comunitarios en municipio de Guatemala. Fotografía gracias a PNUD-Guatemala.[/caption] En Guatemala, donde alrededor de un 42 % de la población es indígena, según el censo de población de 2018, por ejemplo, la Oficina de Atención a la Víctima de la Policía Nacional Civil recolecta la información sobre la pertenencia a una etnia de las personas que atiende, que no es la totalidad de casos. Sin embargo, la Policía Nacional Civil no publica datos desagregados que indique el pueblo de pertenencia por las dificultades en el levantamiento de información debido a brechas de lenguaje. En palabras sencillas, debido a que en Guatemala se habla alrededor de 22 lenguas mayas y un alto porcentaje de esta población no habla español, los funcionarios enfrentan serias dificultades para comunicarse con las víctimas provenientes de estos pueblos y no cuentan con formación suficiente para distinguir rasgos identitarios como para incluir este dato con precisión suficiente en el registro de los casos de violencia. Siempre en Guatemala, los formularios para la recolección de información de víctimas del Ministerio Público tienen una casilla para la etnia del denunciante, pero el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), responsable del levantamiento y análisis de la información sociodemográfica de Guatemala, no incluye esta variable porque la mayoría de las denuncias llegan “sin información” en esa casilla. Por su parte, el Sistema Nacional de Información de Violencia contra la Mujer sí publica la desagregación por etnia de las denuncias realizadas ante el Ministerio Público, y, en efecto, más de la mitad aparece bajo la categoría de “sin información”. En Honduras, los pueblos indígenas y afrodescendientes se enfrentan una doble vulnerabilidad, exclusión y marginación histórica, resultado de las condiciones geográficas en las que se ubican sus comunidades y la dificultad de acceso, impactando en la ausencia de datos y estudios que den cuenta del estado actual de las poblaciones referidas. Lo anterior, constituye un desafío. En esta línea se ha avanzado en la caracterización de la población indígena en Honduras, a través de la divulgación del Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas de América Central, esfuerzo invaluable para empezar a tener información, el cual reporta que el 7.25% de la población pertenece a un grupo indígena. De igual forma, el PNUD en Honduras se encuentra implementando el Proyecto “Fortalecimiento de las Organizaciones de Sociedad Civil para el ejercicio pleno de los Derechos Humanos y la Auditoría Social en la Moskitia”, financiado por la Agencia de Cooperación Suiza al Desarrollo (COSUDE), con el objeto de respaldar procesos de diálogo y negociación para consolidar la democracia y el Estado de Derecho en la región de La Moskitia. En lo que respecta a Belice, la Prisión Central, agencia dependiente del Ministerio del Interior y la Fundación Kolbe, registra los grupos indígenas a los que pertenecen los reclusos. En junio 2021, los grupos indígenas maya y garífunas comprendían solo el 10.5% de la población carcelaria en el país. La información recogida por la Prisión Central se utiliza para establecer prácticas y políticas de administración de los reclusos que permitan procesos de reinserción efectivos y reducir la reincidencia, así como tomar decisiones informadas para garantizar la custodia y cuidado de los reclusos tomando en cuenta sus costumbres. Cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) tiene relación con el ejercicio de los derechos de los pueblos Indígenas. La Organización de las Naciones Unidas reconoce que 156 de las 169 metas de los ODS están estrechamente relacionadas con los derechos humanos, y que 73 de estas metas están relacionadas en forma significativa con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. De hecho, en el informe del DESA-ONU, destaca una recomendación referida a la gestión de información como vía para enfrentar estos desafíos: “Los gobiernos deben obtener más datos desglosados por etnia e identidad indígena a través de censos y encuestas de hogares para que se aborden mejor los problemas que enfrentan comunidades específicas en la implementación de los Objetivos de Desarrollo”. También en esta línea, el pasado 13 de julio de 2021, se llevó a cabo el encuentro “ODS 16 y Acuerdo de Escazú: Propuestas Desde los Pueblos Indígenas de la Amazonia” con el objetivo de construir un espacio de diálogo y análisis crítico sobre las propuestas desde los pueblos indígenas de la Cuenca Amazónica que contribuyan al cumplimiento de la Agenda 2030, en específico el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16 que busca la reducción significativa de todas las formas de violencia. A Propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, sirva esta reflexión para subrayar la importancia de visibilizar a esta población en el análisis de la problemática de la seguridad ciudadana para contribuir a cerrar las brechas estructurales que han afectado a los grupos indígenas. En esta lógica, la gestión de información conlleva un trabajo intersectorial articulado y la consolidación de los acuerdos políticos para diseñar políticas públicas que establezcan soluciones de acuerdo con la población y territorio a atender, bajo la consigna de no dejar a nadie atrás.