PNUD Infosegura presenta estudio de percepción ciudadana sobre justicia penal en la región
¿Los y las ciudadanas de Centroamérica y República Dominicana confían en sus sistemas de justicia? ¿denuncian los hechos delictivos? ¿están satisfechos de su funcionamiento? Los datos relevados por una encuesta implementada para conocer las percepciones ciudadanas sobre diversos aspectos vinculados al sistema de justicia penal en Centroamérica y el Caribe muestran que la confianza media de la ciudadanía apenas supera el aprobado. La corrupción, en especial en la policía y en las instituciones penitenciarias, y la discriminación hacia las poblaciones menos favorecidas y vulnerables son los principales problemas señalados. El estudio La percepción de los ciudadanos sobre el sistema de justicia penal en Centroamérica y el Caribe, realizado por el Proyecto Regional Infosegura del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), recoge los resultados de un cuestionario aplicado mediante una encuesta telefónica a una muestra significativa de la población de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana. El informe enfatiza el tema de la confianza en las instituciones, así como distintas valoraciones sobre su eficacia, equidad, corrupción y la existencia de abusos. También incluye preguntas sobre la disposición de los ciudadanos a reportar denuncias, la experiencia personal y vicaria de contacto con las autoridades y la satisfacción de los usuarios del sistema de justicia penal. Principales resultados La encuesta refleja sobre todo dos problemas centrales. El primero es la corrupción. Dos tercios de los ciudadanos perciben la existencia de bastante o mucha corrupción en la policía y en las instituciones penitenciarias. De hecho, cuando se pregunta a los ciudadanos por el principal problema de la justicia penal, 40% apuntan espontáneamente a la corrupción. 
La segunda gran deficiencia es que la justicia es considerada elitista y discriminatoria hacia las personas de bajos ingresos mientras que tiende a favorecer a las personas de posición social más elevada. La percepción de corrupción y de discriminación limitan la confianza de las personas en la justicia penal, que obtiene una puntuación media entre 5 y 6 en una escala de 1 a 10, lejos de la confianza atribuida a las fuerzas armadas. La policía goza de una confianza levemente superior, seguida en escala descendente por la Fiscalía, los(as) jueces y el sistema penitenciario. Es decir, que a medida que se avanza en las distintas etapas de la justicia penal (denuncia, acusación, condena, prisión) la confianza va cayendo. 
Por otro lado, la mayoría de aquellos que fueron víctimas de un delito violento lo denunciaron a la policía o a la fiscalía, pero solo 47% recibieron posteriormente información sobre su denuncia. Un 66% manifestaron estar insatisfechos con el resultado de esa denuncia. Adicionalmente, cuando se pregunta a cuál institución de justicia penal debería ser otorgado un mayor presupuesto, el 28% de las personas encuestadas afirmaron que a ninguna de ellas. 
Los resultados del estudio pretenden contribuir a una reflexión amplia sobre el sistema de justicia penal, con la idea de reducir la impunidad y fortalecer el estado democrático de derecho. Mejorar el funcionamiento del sistema de justicia penal requiere de datos válidos para dimensionar los problemas, diseñar, implementar y evaluar el impacto de las políticas; así como valorar la visión de los ciudadanos, la forma en que perciben a las instituciones y las actitudes que mantienen hacia ellas. Para conocer los resultados completos descarga el estudio aquí.
