Guatemala, Honduras y El Salvador, intercambian experiencias en Registro de Personas Desaparecidas

“El intercambio ha sido una oportunidad para aprender cómo mejorar el registro de personas desaparecidas, evitar errores y ver cómo funcionan otros sistemas para ser capaces de tener una hoja de ruta mucho más clara y desde un enfoque multisectorial” destacó Axel Romero, Viceministro de Prevención de la Violencia y el Delito del Ministerio de Gobernación de Guatemala (MINGOB), durante el cierre del Foro.

La concentración geográfica de personas desaparecidas, así como los desafíos a nivel de registro y los potenciales vínculos con otras dinámicas sociales y criminales, sugieren mayores esfuerzos en conocer el fenómeno para abordarlo de manera estratégica. Precisamente, con el fin de recuperar la experiencia acumulada en avances institucionales, para mejorar y robustecer los mecanismos de registro en la subregión norte de Centroamérica, se desarrolló en la ciudad de Antigua Guatemala el Primer Intercambio Regional de Experiencias en Registro de Personas Desaparecidas.

En este Intercambio, realizado los días 23 y 24 de enero, participaron cerca de 50 representantes de Instituciones de justicia y seguridad, Ministerios de Gobernación y Seguridad, Ministerios Públicos, Policía Nacional Civil, Institutos de Medicina Legal con sus unidades estadísticas, Institutos de Estadística, Procuradurías de la República y Sociedad Civil de Guatemala, Honduras, El Salvador, México y Colombia.

Avances en la subregión

La metodología del intercambio incluyó ponencias, conversatorios y mesas de trabajo, que permitieron el primer día presentar los avances institucionales, alcances y limitaciones en el registro de personas desaparecidas.

El Salvador. El fenómeno de personas desaparecidas constituye un desafío para la subregión. En el contexto de El Salvador, se realiza una diferenciación entre los casos de personas desaparecidas durante el conflicto armado y en el periodo postguerra, en el que se enmarca también el fenómeno de las pandillas.

Como parte de los esfuerzos por entender el fenómeno de desaparecidos, la Fiscalía General de la República (FGR) en coordinación con La Policía Nacional Civil (PNC), el Instituto de Medicina Legal (IML), El Ministerio de Justicia y Seguridad (MJSP), la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), con apoyo de la embajada de Canadá en El Salvador, desarrollaron el Protocolo de Acción Urgente (PAU) y Estrategia de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que busca establecer la coordinación entre instituciones de seguridad para la búsqueda de personas, determinar estrategias de rastreo y definir las fases para buscar a alguien desaparecido.

Hasta la fecha, El Salvador no posee una tipificación del delito de desaparición de personas cometida por el crimen organizado, ni un registro único de personas desaparecidas. El Protocolo PAU pretende contribuir a la acción inmediata para prevenir la comisión de delitos y ubicar el paradero de la persona. Otro de los esfuerzos institucionales destacado durante el intercambio es el Portal de Personas Desaparecidas de la PNC, que permitirá a la población llenar un formulario en línea con información relevante, adjuntar un video o una fotografía y enviar su alerta de persona desaparecida.

Guatemala. Como parte de los esfuerzos institucionales por abordar el fenómeno, se desarrolla en el 2010 el Sistema de Alerta Alba Keneth, que es el conjunto de acciones coordinadas y articuladas entre instituciones públicas, que permiten agilizar y lograr la localización y el resguardo de los menores desaparecidos.

Otro de los avances institucionales en materia de personas desaparecidas, específicamente en casos de desaparición de mujeres es la Ley de Búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas aprobada en 2016, pero puesta en efecto hasta 2018 con la activación del Plan de emergencia para buscar a mujeres desaparecidas Alerta Isabel-Claudina en el que participan 10 instituciones: MP, PNC, Ministerio de Relaciones Exteriores, MINGOB, PGN, Secretaría de comunicación social de la Presidencia, Pastoral Social de Alta Verapaz, y la Convergencia Cívico-Política de Mujeres.

Durante el Intercambio, también se destacó el trabajo que realiza la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) en la contribución de herramientas de gestión de información para la prevención de personas desaparecidas, quienes en coordinación con el sistema de alerta Alba Keneth, activan un protocolo de acción de búsqueda inmediata de 30 días más allá de las fronteras.

Honduras. Uno de los avances institucionales presentados por la Sub Secretaría de Seguridad es la Ley de Alerta temprana AMBER para la localización y protección de niños, niñas y adolescentes, mecanismo que ayuda a que en las primeras 24 horas en que se da la desaparición de un menor se rastree su ubicación, emitiendo la alerta lo antes posible a través de diversos medios de comunicación.

Este esfuerzo está integrado por 12 instituciones: DINAF, Secretaría de Seguridad, Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), Fiscalía de la niñez del MP, el Instituto Nacional de Migración (INM), la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), la Organización Hermanas Scalabrinianas, el Foro Nacional para las Migraciones en Honduras (FONAMIH), y la Asociación de Medios de Comunicación (AMC).  

Experiencia internacional

El intercambio también contó con la participación de entes internacionales, como: la Comisión Internacional de Personas Desaparecidas (ICMP), para abordar los estándares internacionales sobre gestión de información de casos de personas desaparecidas; El Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, quienes compartieron la experiencia de México en sus alcances, limitaciones y desafíos en los registros de personas desaparecidas; La Cruz Roja Internacional (CICR), quienes compartieron sus esfuerzos en la búsqueda de estandarización, centralización, intercambio y creación de sistemas de gestión de información, como la base de datos Ante-mortem:Post-mortem (AMPM), herramienta informática que permite la gestión de información sobre personas desaparecidas, restos humanos, las circunstancias que rodean la desaparición de personas, la recuperación de cuerpos y lugares donde se encuentran; Y finalmente la experiencia del Sistema Nacional de Desaparecidos de Colombia, cuya red interinstitucional orienta la búsqueda de personas desaparecidas y la identificación de cadáveres en situación de no ser identificados.

Principales retos identificados

Con el propósito de identificar insumos para la definición de posibles líneas de apoyo a las instituciones estatales en sus procesos de registro de personas desaparecidas, se desarrollaron mesas de trabajo agrupadas por países. En conjunto, las diferentes instituciones discutieron sobre los desafíos y oportunidades a partir del ciclo de gestión de la información, uso, aprovechamiento y toma de decisión.

La discusión buscó plantear posibles escenarios para el mejoramiento del registro como insumo para fortalecer el proceso de búsqueda, avanzar en el análisis para la identificación de patrones de desaparición, partiendo de la información existente y cómo armonizar y unificar la información sobre personas desaparecidas. De igual manera, se abordó la identificación de las instituciones líderes y la mejor forma de traducir la evidencia en medidas o políticas que reduzcan el número de víctimas; así como las recomendaciones que permitirían a futuro mejorar el proceso de gestión de la información en desaparición.

El intercambio también contó con la proyección del cortometraje documental “Ausencias” de la Cineasta Salvadoreña Tatiana Huezo. El documental narra el retrato íntimo de la ausencia de un ser querido (desaparecidos), el caso de una madre cuyo dolor se ha traducido, inevitablemente, en frías y oficiales estadísticas.

Este evento fue realizado en coordinación con el Ministerio de Gobernación de Guatemala, el Proyecto Regional de Derechos Humanos y Democracia, implementado por la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF) de la Organización de Estados Americanos (OEA) y por el Proyecto Regional de Gestión de Información sobre Seguridad Ciudadana Basada en Evidencia Infosegura, del Hub Regional para América Latina y el Caribe (RBLAC) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); los último dos financiados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).