Análisis de movilidad humana y violencia en Honduras 2014 – 2023

El presente análisis tiene como objetivo visibilizar la movilidad humana en Honduras por violencia e inseguridad, como insumo para la toma de decisiones y diseño de políticas públicas basadas en evidencia. El análisis incluye diferentes fuentes de información de Instituciones Nacionales y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Según datos del Sistema Integral del Migrante Retornado (SIAMIR) y el Observatorio de Desarrollo Social (ODS) de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) la violencia y la inseguridad se ubica como el tercer motivo por el cual los hondureños abandonan el país, solo superado por razones económicas y razones familiares. De 2014 a 2023 en promedio han habido 52,215 personas migrantes retornadas por año, de los cuales aproximadamente el 6% reportaron que la violencia y la inseguridad fue el principal motivo de su salida del país.

Las cinco principales causas de violencia que los hogares reportaron como motivo de su desplazamiento fueron: amenazas (55%), asesinatos (40%), restricciones a la movilidad (24%), lesiones (16%) y extorsiones (13%).

En 2018, los municipios de San Pedro Sula, Distrito Central, La Ceiba, Choloma, Juticalpa y Catacamas presentaban los porcentajes más altos de expulsión y recepción de hogares desplazados a causa de la violencia y la inseguridad expulsando el 62% del total de hogares a nivel nacional y recibiendo el 47% de todos los hogares que se desplazaron por problemas de seguridad.

Según su categoría de violencia de acuerdo con el Índice de Priorización Territorial del 2021, todos estos municipios se encuentran en una categoría de muy alta incidencia de hechos delictivos y de acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano 2019, San Pedro Sula y Distrito Central se encontraban en la categoría de desarrollo alto, el resto de estos municipios tenían un desarrollo medio.

Los Departamentos de Cortés y Francisco Morazán, son los que más expulsan y reciben personas por temas de violencia e inseguridad. Cortés expulsa el 35% y Francisco Morazán el 24% del total de personas que huyen de la violencia; mientras que, en su rol de receptores, en conjunto, reciben el 46% del total de personas que salen de otros departamentos (Cortés 27%, Francisco Morazán 19%).
Según datos de la mesa técnica de muertes violentas y la mesa técnica de criminalidad de la Secretaría de Seguridad desde 2014 hasta 2023, Cortés y Francisco Morazán han sido los departamentos que más homicidios han reportado a nivel nacional acumulando el 43% del total de homicidios en todo el período: 25% para Cortés y 18% para Francisco Morazán. En el mismo periodo estos departamentos han sido los que más denuncias por extorsiones registran con el 82% a nivel nacional.

Según estudio de la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas por la Violencia, la Secretaría de Derechos Humanos y ACNUR, para el 2018 más de 58,000 hogares y más de 247,000 personas se habían visto desplazadas a causa de la violencia.

Según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), en Honduras desde 2016 hasta 2021 en promedio2,011 personas  se vieron afectadas cada año por el desplazamiento forzado a causa de la violencia siendo el  2019 el año con más quejas presentadas con 2,688 personas afectadas. En el año 2020 se redujo la tendencia creciente de este fenómeno con una reducción de 45.7% respecto al año anterior, coincidiendo con las restricciones a la movilidad producto de la pandemia del COVID-19.

Por otro lado, en el período 2014-2018 aproximadamente 6 de cada 10 hogares se vieron forzados a abandonar sus domicilios a causa de la violencia y la inseguridad; se estima que 6 de cada 10 personas de estos hogares era mujeres y niñas, registrando, igualmente, que 3 de cada 10 hogares eran liderados por mujeres. Asimismo, la mayoría de las personas que conforman los hogares desplazados por violencia son menores de 18 años (43%), un 23% son personas entre los 18 y 30 años, un 28% son personas entre 31 y 59 años y un 6% son personas de 60 años o más.

Esta nota se publicó originalmente en el sitio web de PNUD Honduras