Homicidios en el año del COVID-19: Centroamérica y República Dominicana
Los datos preliminares publicados en los países de la región compuesta por Centroamérica y República Dominicana reportan que durante 2020 hubo menos homicidios que en 2019. La reducción fue de 2,607 homicidios. 
La tasa conjunta de homicidios por cada 100 mil habitantes se mantiene a la baja, mostrando fuertes descensos en unos países y estabilidad en otros. La tasa regional redujo casi 10 puntos, bajando de 30.7 a 21.0. El comportamiento de este indicador puede reportarse como un avance en la Agenda 2030, en el ODS 16 específicamente. Cada país tuvo dinámicas institucionales, políticas y sociales propias con el contexto común de la pandemia del COVID-19, lo cual demanda análisis multidimensionales de seguridad ciudadana para entender la dinámica de los datos en su conjunto, complejidad y contexto. 
Con los datos publicados hasta ahora, también podemos avanzar en el análisis de la desagregación por sexo del indicador de homicidios. Tanto el número como la tasa de homicidios de mujeres bajaron en 2020, y, de hecho, es el segundo año consecutivo en que la proporción de la reducción es mayor que la de homicidios de hombres, un escenario que no se veía desde 2013. Esto aporta a los avances tanto del ODS 16 en su interrelación con el ODS 5. 
La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en la región compuesta por Centroamérica y República Dominicana es de 18.4 se encuentra al mismo nivel que la tasa preliminar de Latinoamérica que coincide en 18.4 en 2020, proyectada con los datos oficiales publicados a la fecha y estimaciones a partir de los más recientes del año anterior. La tasa de Centroamérica y República Dominicana se ha ido acercando a la cifra Latinoamericana desde 2015, sin embargo, este proceso se aceleró el último año debido a la fuerte disminución de los homicidios en los países del norte de Centroamérica.
No hay que perder del horizonte del análisis que la violencia afecta diferente a hombres y mujeres. El enfoque de género en los datos aporta a la erradicación de otras formas de violencia que afectan reiterada y simultáneamente a las sobrevivientes a lo largo de su vida. En este sentido, la disminución en homicidios y feminicidios en 2020, evidenciada por las tasas respectivas, es una buena noticia para las y los centroamericanos y dominicanos, sin embargo, durante 2020 también fue reportado un incremento en la violencia contra las mujeres y las niñas por razones de género. Al cierre del tercer trimestre de 2020, Guatemala, Honduras, y Costa Rica, reportaban incrementos en las asistencias de la policía a denuncias de violencia intrafamiliar, denuncias ante el ministerio público por violencias contra la mujer y llamadas al 911 por violencia doméstica e intrafamiliar. Durante las próximas semanas, las instituciones responsables publicarán la información sobre homicidios validada y más información sobre otros indicadores de incidencia delictiva que permitirán precisar y también avanzar en análisis con enfoque multidimensional que ahonden en las dinámicas y posibles explicaciones sobre los hechos delictivos.
Es importante destacar que todos los países muestran avances importantes en cuanto a gestión de información sobre seguridad ciudadana, aportando más desagregación de información para análisis periódicos y más sólidos. Persisten desafíos, incluyendo acelerar el avance en la calidad el dato y la desagregación de información para poder realizar análisis con enfoque de género que incluya la perspectiva de ciclo de vida, interseccionalidad e interculturalidad. También es imperativo continuar los esfuerzos para adecuar las mediciones a los estándares internacionales, trabajar en la integración de base de datos para contar con ecosistemas de datos, aceleración de la digitalización y automatización de los procesos y continuar con el fortalecimiento de capacidad institucionales a lo largo de toda la cadena de gestión de información: producción de datos, análisis multidimensional, uso en política pública y comunicación estratégica. En el contexto de la recuperación de países de la región altamente impactados por el COVID-19, tanto en términos de salud, crecimiento económico, justicia inclusiva y crisis ambiental y frente a escenarios de estrechez fiscal, contar con información que oriente la toma de decisiones es más crucial que nunca, ya lo dice el PNUD en el informe Innovación, resiliencia y transformaciones urgentes hacia una justicia inclusiva en América Latina, y el Caribe (2020): “los datos y sistemas de información son los nuevos activos de las burocracias estatales y su aprovechamiento será clave para mejorar el acceso a la justicia diseñando políticas inclusivas para los sectores más necesitados”. En esta lógica, el Proyecto Infosegura está alineado en la estrategia del PNUD que implica el impulso de nuevas herramientas tecnológicas, la exploración de la inteligencia artificial, el aprendizaje de máquinas, procesamiento de Big Data y trabajo con blockchain, así como también, conectando grupos de trabajos entre de diferentes instituciones y entre los distintos países a nivel regionales para identificar necesidades y compartir experiencias. El fortalecimiento de políticas públicas en seguridad ciudadana basadas en evidencia y análisis multidimensional para dar soporte a una gobernanza efectiva, es indispensable para avanzar en la construcción de sociedades pacíficas, justas e inclusivas y enfrentar los desafíos actuales para la recuperación atravesando la pandemia del COVID-19.
