Una década de políticas públicas basadas en evidencia
Las evidencias constituyen el mejor insumo para los procesos de políticas públicas transformadoras. El diseño con planificación, la implementación con monitoreo y la evaluación para mejoras, requieren de múltiples fuentes de información estadística, análisis multidimensionales, aprendizajes sistematizados y buenas prácticas y experiencias para dar sustento y certidumbre al todo el ciclo de las políticas.
Cuando los gobiernos fortalecen sus capacidades y se orientan hacia enfoques de política pública basados en evidencias, se fomenta la gobernanza, se logran objetivos en los diferentes horizontes de tiempo, se promueve el desarrollo y, en definitiva, se impacta en el bienestar de las personas.
Este enfoque, es el que le ha permitido al Proyecto Infosegura -alianza estratégica entre PNUD y USAID- en los últimos 10 años, trabajar de manera conjunta, coordinada y sostenida con las instituciones de gobierno de Centroamérica y Rep. Dominicana, generando valor a los procesos de toma de decisiones en seguridad ciudadana y justicia.
En total, el proyecto Infosegura ha contribuido al diseño e implementación de 120 planes, políticas, leyes y estrategias públicas para mejorar la seguridad ciudadana y reducir la violencia contra las mujeres y las niñas, mediante un conjunto de herramientas que han potenciado las capacidades institucionales para la gestión y el abordaje de la inseguridad y la violencia.
Entre los aportes de este período destacan:
- Construcción en 2015 de un índice con base en nueve indicadores de seguridad ciudadana y tres factores de riesgo en El Salvador para clasificar a los municipios en cinco niveles e identificar a los 50 municipios del país en los cuales era prioritario implementar acciones en materia de seguridad ciudadana.
- Diseño y actualización del Índice de Priorización Territorial de Violencia contra las Mujeres y las Niñas en Guatemala, que genera información de territorios donde se concentran delitos y amenazas contra las mujeres y las niñas; la cual ha sido incorporada para focalizar los esfuerzos de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas por parte del Ministerio de Gobernación.
- Diseño del índice de focalización territorial de violencia contra mujeres y niñas en Honduras que brindó una clasificación municipal para focalizar los ocho municipios con mayor impacto de violencia (Distrito Central, San Pedro Sula, La Ceiba, Comayagua, Choloma, Gracias, Danlí, El Progreso, Olanchito y Juticalpa) y focalizar acciones para prevenir la violencia en este grupo.
- Diseño de una herramienta para el monitoreo de la Violencia multidimensional contra las Mujeres y las Niñas que permite el análisis de la evolución de la violencia, desde un enfoque multidimensional a partir de la agregación de indicadores sobre hechos de violencia, capacidad institucional de atención a la problemática y factores asociados a las dinámicas de violencia. La herramienta,
- Se ha aplicado en Honduras en coordinación con el Instituto Nacional de la Mujer.
- En Guatemala se aplicó en colaboración con la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar contra las Mujeres (CONAPREVI), la cual asesora políticas públicas para prevención, sanción de la violencia contra las mujeres y niñas e integra al sector público y privado.
- Diseño y actualización del Índice de Priorización Territorial (El Salvador, Honduras y Guatemala) que muestra los municipios donde se concentran las amenazas a la seguridad. Este índice ha sido utilizado por el gobierno de Honduras como herramienta e insumo para la construcción de la Política de Convivencia y Seguridad Ciudadana 2023-2032, utilizado por el gobierno de Guatemala para focalizar acciones en temas de seguridad ciudadana.
- Construcción del índice de prevención integral de la violencia a nivel regional, que mide la evolución y el impacto de la violencia en la vida de las personas desde una perspectiva multidimensional basada en los enfoques de derechos y de género, y que está en consonancia con la Agenda 2030 y el logro de los ODS.
- Desarrollo y puesta en marcha de un analizador avanzado de delitos de la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador que permitió a la población realizar consultas sobre diferentes tipos de delitos denunciados y registrados en la base de datos de esa institución: extorsiones, homicidios, diferentes clases de robos y hurtos, lesiones, secuestros y violaciones. La experiencia se aplicó posteriormente en Honduras, en la Secretaría de Educación que lo utilizó para identificar a los centros educativos con mayores factores de riesgo e inseguridad.
- En El Salvador se construyó el Índice de Priorización de Centros Escolares en Materia de Seguridad Ciudadana (IPCESC), y se diseñaron dos herramientas, una de visualización para datos de víctimas de violencia económica, y otra para georreferenciar los datos administrativos provenientes de siniestros viales provenientes de la Policía Nacional Civil (PNC).
- Índice Integral de Prevención de la Violencia para Guatemala que permite monitorear la evolución de la inseguridad desde una perspectiva multidimensional, a través del monitoreo de indicadores sobre inseguridad, violencia, eficacia institucional/gobernabilidad, oportunidades socioeconómicas y vulnerabilidades.
SALVE, un ejemplo a seguir
Administrado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT) de El Salvador, el Sistema de Alerta de Violencia en Educación (SALVE) constituye una de las novedosas herramientas apoyadas por Infosegura para fortalecer la prevención y el control de la violencia en escuelas y comunidades.
SALVE es una herramienta que permite detectar hechos de violencia que afectan a la comunidad educativa, como el acoso sexual y callejero, el acoso escolar (bullying), la violencia sexual, las amenazas, las extorsiones, los robos, o la venta y el consumo de drogas en la escuela o sus cercanías.
El conjunto de las alertas producidas a través de SALVE desde su puesta en marcha en 2019 permite generar información cuyo análisis sirve como insumo para el diseño de políticas públicas y para el desarrollo de estrategias y planes que contribuyan a prevenir y reducir las situaciones de violencia que afectan a las comunidades educativas.
