Reimaginar la movilidad humana en el norte de Centroamérica

La comunidad internacional celebra cada 18 de diciembre el Día Internacional del Migrante, el cual fue establecido por la Asamblea General, el 4 de diciembre de 2000, ante el aumento de los flujos migratorios en el mundo.

La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 13 establece que:

  • Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
  • Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.

Bajo esta perspectiva, la movilidad humana se concibe como un derecho al cual pueden aspirar los seres humanos y que debe ser garantizado por el Estado. En esta línea, el Proyecto Regional Infosegura del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el apoyo de la Agencia de los Estados unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), se une al sistema de Naciones Unidas para reflexionar sobre los factores que inciden en los movimientos de la población en el norte de Centroamérica.

De acuerdo con estimaciones de Infosegura, a partir de datos del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UNDESA) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR), al término del 2020 casi 1.6 millones de personas originarias de El Salvador, 1.37 millones de Guatemala y 985,077 de Honduras vivían fuera de sus países de origen.  Debido a su cercanía geográfica Estados Unidos es el principal receptor de personas que se movilizan desde el norte de Centroamérica.

En materia de seguridad ciudadana, desde 2015 en la región se evidencia una tendencia a la baja en la tasa y número de homicidios. Aunque durante el primer semestre del 2021 registró un incremento respecto al primer semestre del año anterior, año atípico debido a la crisis del Covid-19 (ver figura 1). La reducción de los homicidios a lo largo del quinquenio en los países del norte de Centroamérica es una señal de avance de cara a la meta 16.1 de los ODS. A pesar de los avances en seguridad ciudadana, la violencia e inseguridad continúan siendo de las principales razones que señalan las personas ante su decisión de migrar.

La migración, como una de las formas de movilidad humana, se vuelve una práctica compleja cuando deja de ser un derecho y se convierte en una “opción trágica”, es decir, cuando se convierte en la única opción que las personas tienen para huir de la pobreza, de la vulnerabilidad o de las violencias.

Figura 1. Tendencias de las tasas de homicidios

Fuente: Datos de El Salvador, PNC y MJSP (2014-2021); Guatemala, INE (2011-2020) y PNC en proceso de validación por el INE (2021); Honduras, Unidad Técnica de Coordinación Interinstitucional/Subsecretaría de Seguridad (2014-2019) y datos preliminares de la Mesa Técnica de Muertes Violentas (2020-2021).

Conforme a cálculos de Infosegura, a partir de información de fuentes diversas, se evidencia una multiplicidad de razones que llevan a la decisión de migrar, siendo la violencia e inseguridad la tercera causa, detrás de razones económicas y de reunificación familiar, que motiva a las personas en el norte de Centroamérica a movilizarse hacia otros países o territorios (ver figura 2). En cifras, más de 890.000 personas de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua han sido desarraigadas de sus hogares, siendo acogidas en Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Panamá.

Figura 2. Composición porcentual de las razones para migrar

Fuentes: PNUD a través de Infosegura con base en: 1) BID, Encuesta a migrantes del Triángulo Norte 2018. 2) Centro Nacional de Información del Sector Social 2016-2019. 3) Migración y trabajo Infantil Guatemala 2017-Organismo de las Naciones Unidas para la Migración (OIM).

Los grupos de poblaciones vulnerables como jóvenes y mujeres experimentan de manera particular estas condiciones. Por ejemplo, en El Salvador, se encontró evidencia reciente que sugiere que a mayor victimización sufrida por las mujeres mayor es su intención de movilizarse (ver figura 3). Las mujeres víctimas de delitos contra su integridad muestran mayor intención de migrar.

Figura 3. Composición porcentual de las razones para migrar

Fuente: PNUD a través de Infosegura con base en Encuesta de Cultura de Paz, 2020.

La naturaleza multicausal de la movilidad humana y su expresión heterogénea en los territorios demandan un análisis más profundo. En esta línea, desde el proyecto regional Infosegura del PNUD hemos apoyado la elaboración de análisis focalizados e informes como el Estudio exploratorio sobre desplazamiento forzado interno en Guatemala, municipio de San Juan Sacatepéquez, que ofrecen información sobre factores de riesgo que permean en los territorios. La evidencia permite a las instituciones del Estado, identificar y reconocer el fenómeno y sus consecuencias para diseñar estrategias, acciones de combate a la prevención de violencia, y de asistencia integral a las personas en condición de movilidad humana.

Este año, la conmemoración se enfoca en aprovechar el potencial de la movilidad humana, a través del conocimiento, redes y competencias que las personas en movilidad ofrecen para forjar comunidades más fuertes y resilientes. En esta línea, el panorama socioeconómico mundial puede configurarse mediante decisiones de peso que permitan abordar los retos y las oportunidades que plantean la movilidad mundial y los movimientos de población.

Con la pandemia del Covid-19, las personas en tránsito aumentaron su vulnerabilidad de cara a los impactos sanitarios, económicos y sociales. Por ello, las restricciones y el cierre de fronteras volvieron más complejos e intensificaron los riesgos de las personas en tránsito o retorno, quienes han sido de las más impactadas por la crisis mundial de salud.

En este marco, nuestro Secretario General, António Guterres destaca el rol de las personas migrantes en la nueva normalidad:

Las personas migrantes son una parte integral de nuestras sociedades y deben desempeñar también un papel central en nuestra recuperación.

La violencia e inseguridad tiene un alto impacto en el desarrollo humano de las personas y en la gobernabilidad democrática: afecta profundamente las capacidades y las libertades de las personas, la manera como construyen la vida en sociedad, deteriora la confianza de las personas en las instituciones y en el régimen democrático. La inseguridad genera importantes costos, desde el gasto público de las instituciones y los gastos privados de los ciudadanos para procurarse seguridad, hasta los costos irreparables en la vida y en la integridad física de las personas.

La complejidad del fenómeno exige políticas públicas multidimensionales que permitan establecer las sinergias necesarias para atender de manera articulada la movilidad humana, el desarrollo y la seguridad ciudadana. Reducir los factores de riesgos y generar oportunidades para las personas desde un enfoque territorial, sin duda, tendrán un impacto en reducir los niveles de violencia y la migración irregular, así como en la construcción de sociedades pacíficas, justas e inclusivas, en las que nadie se quede atrás.