El kit tecnológico para el juez 3.0
La tecnología rodea nuestras vidas. Lo que hace 20 años parecía ciencia ficción, hoy está a la orden del día, tanto en el entorno personal como profesional. Uno de los campos en los que el uso de nuevas herramientas 3.0 tiene más margen de evolución y posibilidades es en el judicial.
Para ayudar a los jueces en esta transición al mundo digital, el centro regional del PNUD en Bangkok lanzó en 2021 un kit de herramientas enmarcado en el proyecto regional sobre “Excelencia judicial para asegurar justicia para todos: La red de integridad judicial en la ASEAN” (Asociación de Naciones de Asia Sudoriental).
El objetivo de cada una de estas herramientas es enseñar a los jueces cómo las tecnologías emergentes afectan a los procesos judiciales, y crear un ecosistema que promueva su uso generalizado en los juzgados.
Cada una de las herramientas de este kit puede ser utilizada por un juez en su trabajo diario o en la gestión del tribunal, ya sea de forma presencial o virtual. Así mismo, están pensadas para que los órganos reguladores puedan integrarlas en las normas que rigen la judicatura.
Entendiendo las tecnologías judiciales emergentes
La digitalización consiste en convertir los procesos y contenidos analógicos que ya existen a digitales. El abanico de posibilidades es muy amplio, desde crear formularios en línea o portales para enviar documentos y evitar desplazamientos, hasta el acceso remoto a los procesos judiciales, entre otros.
Se trata de una transformación, un cambio cultural profundo que afecta a sistemas e instituciones. Un cambio tecnológico que incluye un diseño centrado en el usuario y herramientas que permiten interconectarse de una forma diferente a como se había hecho hasta ahora. En el caso concreto del sistema judicial, esta transformación puede facilitar cambios hacia una mayor rapidez, responsabilidad, transparencia y accesibilidad.
¿En qué ámbitos pueden las nuevas tecnologías mejorar la eficiencia del sistema judicial y facilitar el acceso a los usuarios?
En el propio manejo de los casos, por ejemplo, mediante el archivo digital (no físico), lo que ahorra espacio y tiempo a la hora de almacenar y recuperar, ya que su pueden auto generar bases de datos de casos. Además, es posible el acceso multiusuario a formularios, evidencias, documentos, templates o modelos de resolución judicial, o incluso ver el progreso de los casos de forma telemática, lo que garantiza transparencia en la evolución del proceso. Un ejemplo de este uso es el llamado SIGOBIUS, puesto en marcha en Colombia con ayuda del PNUD, y cuyo objetivo es sistematizar la gestión de documentos judiciales y crear un archivo para facilitar la toma de decisiones, la rendición de cuentas a los ciudadanos y la memoria institucional.
En este, sentido, las nuevas tecnologías hacen posible la existencia de niveles diferenciados de acceso a la información (personal del juzgado, jueces, abogados, público, etc), manteniendo siempre la precisión de los datos personales y las evidencias. El Poder Judicial de Córdoba (Argentina) creó una aplicación para la consulta pública de expedientes llamada Mi Justicia que muestra los principales datos del proceso, la presentación y el estado del proceso.
Otro de los ámbitos en los que los jueces pueden apoyarse en las nuevas tecnologías es en los llamados tribunales virtuales, mediante el uso de herramientas para tener audiencias por video, la resolución de disputas en línea (ODR por sus siglas en inglés) por tomadores de decisiones humanos, o el acceso por video a tribunales presenciales (para litigantes encarcelados, testigos vulnerables, expertos, etc.). Estas herramientas se popularizaron durante la pandemia de COVID 19.
La inteligencia artificial, aunque aún no está muy extendida, puede usarse en la resolución de disputas en línea por tomadores de decisiones automatizados (al estilo de Chat GPT), en la elaboración de plantillas de juicios pre escritas, en la creación de predictores que estimen fianzas y sentencias para uso de jueces/abogados, o de posibles resultados judiciales para el público general.
El uso de datos fiables es fundamental para el correcto funcionamiento del sistema judicial. En ese sentido Infosegura, el innovador proyecto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), participa a nivel regional en la recolección, tratamiento y comunicación de datos relativos al mundo de la justicia.
Iniciativas como la Unidad de Estadísticas Judiciales del Centro Electrónico de Inteligencia Judicial. Documentación e Información (CEDIJ) o los cursos sobre tableros para la gestión de la información al personal técnico del Centro de Información, Desarrollo y Estadística Judicial del Cuerpo Judicial de República Dominicana, son una muestra de la influencia de Infosegura a nivel regional.
Con las herramientas 3.0 los datos circulan casi en tiempo real para trabajar con estadísticas del tribunal (tiempo hasta el juicio, tasas de resolución, etc.), del usuario (consultas, tipos de casos, complejidad del caso, demografía, etc.), así como para monitorear las necesidades del sistema y asegurarse de que se cumple el acceso universal a la justicia o de si hay carencia de medios o personal. En Brasil, por ejemplo, antes de la implantación del Sistema Unificado de Ejecución Electrónica (SEEU), se desconocía el número de procedimientos de administración de sentencias penales en curso en Brasil, y la gestión estaba descentralizada con siete sistemas en diferentes estados y muchos procesos basados en papel.
También la formación judicial gana en posibilidades mediante el uso de chatbots, o sitios web con contenido educativo que se actualizan constantemente, como el llamado Banco de Experiencia, puesto en marcha en Argentina y pretende convertirse en un repositorio digital de buenas prácticas de diferentes poderes judiciales de Argentina, de varios países de América Latina y de Europa para que puedan ser consultadas en línea.
Para el usuario, el acceso a la justicia se simplifica con la presentación electrónica de documentos y los formularios en línea, el acceso público a resoluciones, etc. Además, los procesos de comunicación mejoran en dos vías. Por un lado, herramientas como WhatsApp permiten una comunicación directa entre los participantes de un juicio a la hora de emitir decisiones o cambios en el juicio. Por el otro, el uso de mensajería instantánea, de correo electrónico o de sitios web, facilita la comunicación pública de las decisiones judiciales con un lenguaje sencillo y mediante una herramienta al alcance de todos.
Por último, merece una mención especial el uso de las nuevas tecnologías para conseguir un acceso a la justicia más inclusivo e igualitario, y cumplir así con el mandato de Naciones Unidas de “No dejar a nadie Atrás”, la promesa central y transformadora de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
En este sentido, la inteligencia artificial puede, por ejemplo, rastrear fallas en los de derechos de colectivos vulnerables (violencia de género, LGBTI+, minorías étnicas, etc); mientras que la implantación de herramientas de accesibilidad para personas con discapacidades o de interpretación / traducción lingüística, suponen un avance en la igualdad real. Un ejemplo es el Curso de Transformación Actitud en Género (Curso TAg) llevado a cabo en Argentina con ayuda del PNUD. El proyecto tiene como objetivo cambiar la forma en que los abogados se relacionan con sus casos mediante una metodología de aprendizaje basada en una experiencia virtual innovadora, con dos líneas de trabajo prioritario: las víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual y las víctimas de violencia doméstica.
Para los legisladores, las herramientas 3.0 permiten monitorear el acceso igualitario a la justicia por parte de defensores de derechos humanos, y garantizan la transparencia en los procesos certificando las resoluciones, el cumplimiento de penas, la duración de la sentencia, las apelaciones, posibles denuncias de abusos, etc. En Colombia funciona dese hace algún tiempo LEGALAPP (portal web y aplicación móvil) cuyo objetivo es promover la rendición de cuentas por parte del Poder Judicial y facilitar el acceso público a la información sobre los servicios de justicia. Y en Brasil, el Sistema Unificado de Ejecución Electrónica (SEEU) permite una adecuada gestión de los datos relacionados con las personas privadas de libertad y genera alertas a los jueces sobre la progresión de las penas, evitando violaciones de derechos.
Las herramientas están sobre la mesa, ahora solo falta que los países pongan los medios necesarios para que la revolución tecnológica redunde en beneficio para el sector judicial.
