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La migración, como una de las formas de movilidad humana, se vuelve una práctica problemática y compleja cuando deja de ser un derecho y se convierte, en palabras de Nussbaum, en una “Opción trágica” (citada en FES, 2019), es decir, cuando se convierte en la única opción que las personas tienen para salvarse de la pobreza, de la vulnerabilidad o de las violencias.
La migración irregular es un fenómeno de origen multidimensional que se gesta en las condiciones de vulnerabilidad en que vive gran parte de la población tanto internamente en los países de origen como en el tramado internacional. Por eso es indispensable entender la migración irregular en todas sus dimensiones porque solo así podrán aportarse soluciones consecuentes y a largo plazo.
En la mayoría de los casos, las personas tienden a emigrar porque buscan mejores oportunidades de empleo, educación, condiciones de salud, beneficios sociales, de seguridad personal y familiar. Pero existen también otras razones: las desigualdades territoriales, la existencia de conflictos, la degradación ambiental, la existencia de redes familiares en los países de acogida, los niveles de inseguridad ciudadana, en particular en el norte de Centroamérica, una subregión caracterizada por altas tasas de homicidio y de otras violencias (PNUD, 2020).
La violencia e inseguridad tiene un alto impacto en el desarrollo humano de las personas y en la gobernabilidad democrática: afecta profundamente las capacidades y las libertades de las personas, la manera como construyen la vida en sociedad, deteriora la confianza de las personas en las instituciones y en el régimen democrática. La inseguridad genera importantes costos, desde el gasto público de las instituciones y los gastos privados de los ciudadanos para procurarse seguridad, hasta los costos irreparables en la vida y en la integridad física de las personas.
En los tres países del norte de Centroamérica, pese a los importantes avances en la reducción de homicidios registrados, continúan con altas tasas de violencia letal. En conjunto, la tasa de homicidios en 2019 fue casi 10 puntos mayor que la tasa de América Latina y el Caribe (29.9 y 20 por cada 100 mil habitantes respectivamente).
Este informe sobre movilidad humana, desarrollo y seguridad ciudadana de Guatemala, El Salvador y Honduras, es elaborado por PNUD Infosegura con el fin último que los datos tengan utilidad y contribuyan a mejorar la vida de las personas a través de políticas públicas basadas en evidencia que procuren sociedades pacíficas, justas e inclusivas, en las que nadie se quede atrás.
Este informe cuenta con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y es el resultado de la coordinación interinstitucional bajo el liderazgo local de las oficinas del PNUD en Guatemala, Honduras y El Salvador, quienes articulan esfuerzos en Guatemala con Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Dirección General de Migración (DGM), Ministerio de Gobernación (MINGOB); en Honduras, con el Centro Nacional del Sector Social de Honduras (CENISS), Sub-Secretaría de Seguridad en Asuntos Interinstitucionales, Observatorio Consular y Migratorio de Honduras (CONMIGHO), Ministerio Público (MP); y en El Salvador, con Instituto Nacional de Estadísticas, Dirección de Información y Análisis (DIA), Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador (DGME), y Dirección General de Estadística y Censos DIGESTYC). Adicionalmente se contó con información de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
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