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El informe de el desarrollo de un Sistema Nacional de Datos, Estadísticas e Información de Violencia contra las Mujeres (SNDVM), según mandatos de ley, implica el compromiso institucional de contar con herramientas que orienten el accionar de las instituciones públicas, para identificar, registrar, sistematizar y visibilizar los hechos de violencia contra las mujeres. Lo anterior permite acercarnos a la dimensión real del problema, y posibilita la toma asertiva de decisiones y la ejecución de esfuerzos de articulación intersectoriales para su intervención.
Por mandato de la LEIV, la medición de violencia contra las mujeres recae en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Este segundo informe nacional sobre hechos de violencia contra las mujeres, contó con la participación de más instituciones, permitiendo un análisis interinstitucional de 2016 y 2017 sobre distintos tipos de violencia. Esta actualización utilizó registros administrativos de cara a la medición de violencia en espacios públicos y privados, violencia sexual, violencia feminicida, muertes violentas y la mayoría de las tipificaciones de la LEIV, mandatadas en el subsistema.
Comprende la actualización de un sistema de indicadores, enfatizando la violencia feminicida, sexual, física, patrimonial y laboral; datos relativos a atención a mujeres en situación de violencia en servicios públicos; procesos judiciales por hechos de violencia contra las mujeres; así como, los recursos erogados para la atención de las mujeres que han enfrentado la violencia.
Este informe ha sido fruto de un esfuerzo articulado entre el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) y la Dirección General de Estadística y Censos (DYGESTIC) para actualizar una base informativa confiable. Asimismo, ha contado con el imprescindible aporte de las instituciones productoras de registros administrativos que, para este año, fueron: la Fiscalía General de la República (FGR), el Instituto de Medicina Legal (IML), el Ministerio de Hacienda (MH), el Ministerio de Salud (MINSAL), el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS), el Órgano Judicial-Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Policía Nacional Civil (PNC) y la Procuraduría General de la República (PGR), así como la Mesa Técnica de Conciliación de Cifras de Homicidio Doloso.
También se ha contado con el acompañamiento y la asistencia técnica de representantes de entidades no gubernamentales como la Asociación Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), apoyada por el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para Eliminar la Violencia contra la Mujer y la Asamblea de Cooperación por la Paz, en el marco de ejecución del proyecto “Mejora de las condiciones de acceso a una vida libre de violencia de género para las mujeres de El Salvador.”
También se ha tenido el apoyo de Christian Aid, e Irish Aid, en el marco de ejecución
del proyecto “Fortaleciendo sistemas locales y nacionales de prevención y atención de la VCM” y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el marco de ejecución del proyecto “Gestión de la Información Basada en Evidencias para la Seguridad Ciudadana en América Central”, INFOSEGURA, ejecutado con fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
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