Recuperarse con igualdad y dignidad, recuperarse mejor: la seguridad ciudadana como derecho humano
Cada año, el 10 de diciembre, el mundo celebra el Día de los Derechos Humanos, el mismo día en que, en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos que garantiza nuestros derechos fundamentales sin distinción de nacionalidad, lugar de residencia, género, origen nacional o étnico, religión, idioma o cualquier otra condición.
Este año, la conmemoración se centra en la “Igualdad” que consigna el Artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.
António Guterres, Secretario General de la ONU, en su mensaje anual nos recuerda que:
Los principios enunciados en esa sencilla Declaración siguen siendo la clave para hacer realidad todos los derechos humanos —civiles, económicos, culturales, sociales y políticos— para todas las personas y en cualquier lugar.
En este marco, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se une al sistema de Naciones Unidas para recordar los logros de aquellos que han luchado para proteger y hacer valer los Derechos Humanos, y responde así al llamado a la acción del Secretario General, enfatizado por el Administrador General del PNUD.
De acuerdo con el estudio Análisis sobre innovación en seguridad ciudadana y derechos humanos en América Latina y el Caribe, publicado por el PNUD en 2020, América Latina y El Caribe es una región que ha sido impactada como ninguna otra por la violencia criminal. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha determinado que una tasa de 10 homicidios por cada 100,000 habitantes constituye una epidemia, y la tasa conjunta de la región alcanzó 21.6 en 2018. La violencia contra las mujeres y las niñas también es un indicador alarmante, cuya mayor incidencia se concentra en violencia sexual que puede ser reincidente y muchas veces simultánea con otras formas de violencias a lo largo de su vida. Hombres y mujeres ven vulnerados sus derechos humanos de manera diferenciada y es necesaria la evidencia precisa para poder actuar y fomentar decisiones políticas en seguridad ciudadana para que el desarrollo sostenible de los países y la gobernanza efectiva sean una realidad posible a corto plazo.
Todo esto orientado a hacer valer el Artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en sintonía con el Artículo 1, que establece que “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. En otras palabras, la seguridad ciudadana es un derecho humano. Esta consiste en la protección de un núcleo básico de derechos, incluidos el derecho a la vida, el respeto a la integridad física y material de la persona, y su derecho a tener una vida digna.
También, la seguridad ciudadana se constituye como un bien público, “con lo cual tiene implicaciones funcionales sobre las políticas y arreglos institucionales del sector seguridad y es una condición fundamental para el desarrollo sostenible, es decir, un habilitador sin el cual no es posible sustentar estrategias de desarrollo exitosas”. Esta triple dimensión de la seguridad ciudadana se visibiliza en la figura 1.
Figura 1: Las tres dimensiones de la seguridad ciudadana
En su naturaleza de bien público, “la seguridad ciudadana debe ser de acceso a todos los miembros de una sociedad, sin exclusión, y su administración le compete a la autoridad pública”, lo que conlleva diseñar políticas e instituciones que incorporen la perspectiva de prevención, atención, control y sanción del delito. En este sentido, la seguridad ciudadana se convierte en un habilitador imprescindible para alcanzar estrategias de desarrollo sostenible exitosas.
Este año, también se subraya la vinculación directa de los Derechos Humanos con la pandemia de COVID-19 para centrar el foco en la necesidad de una recuperación global en que los derechos humanos estén en el centro de todos los esfuerzos.
Recordemos que la crisis mundial del Covid-19 ha resultado en la profundización de las desigualdades ya existentes en América Latina y el Caribe, acrecentando la vulnerabilidad de quienes ya se encontraban en una posición de desventaja. Las carencias de los sistemas de salud y el desigual acceso a la protección social, así como la dificultad que enfrentaron los Estados para responder con igualdad a todas las personas no solo magnificó la crisis de gobernabilidad de la región, sino que además intensificó diversos tipos de violencia contra hombres y mujeres.
En 2020, en Honduras el sistema de llamadas de emergencia 911 superó las 100 mil llamadas por violencia doméstica (57%) e intrafamiliar (43%). Registrándose un pico en abril y mayo debido posiblemente a las medidas de restricción implementadas por el Covid-19. En Costa Rica se registró un mayor número de víctimas de delitos tipificados en la Ley contra la Violencia Doméstica. En total hubo 10,779 víctimas, lo cual equivale a 2,549 personas (+31) más que en 2019. El pico en el número de víctimas ocurrió en mayo de 2020.
Entre las víctimas que en esta fecha queremos honrar, están las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos. De acuerdo con el Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2021, en 2020 se informó de la matanza de 331 personas defensoras de derechos humanos en 32 países, un aumento del 18% con respecto a 2019, y se reportó 19 desapariciones forzadas en 14 países. Sumado a que más del 60% de los países han retrocedido en materia de derechos humanos básicos, como resultado de abusos de poder bajo la consigna de contener la pandemia.
En palabras de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos:
Este Día de los Derechos Humanos es un llamado a la acción. Un llamado que nos exhorta a todos a aprovechar esta oportunidad y edificar ese mundo que anhelamos. Para cumplir esa tarea, debemos aceptar las lecciones que la crisis nos ha proporcionado.
El Día de los Derechos Humanos es una oportunidad para reafirmar su importancia en la reconstrucción del mundo que queremos, con solidaridad global, interconexión y humanidad compartida e incluyente. Sin duda, la transformación digital del PNUD ha sido el motor para renovar espacios de acceso a la información para la ciudadanía y mecanismos innovadores para el acceso a la justicia.
En esta línea, el Proyecto Regional Infosegura, del PNUD con apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), apoya el fortalecimiento de los sistemas de gestión de información desde la perspectiva de derechos humanos para el diseño de políticas públicas de seguridad ciudadana enfocadas en la prevención y los servicios de calidad centradas en las personas.
Solo las medidas para cerrar las brechas y promover los derechos humanos pueden garantizar que nos recuperemos por completo a un mundo mejor y más resiliente, justo y sostenible. Es fundamental insistir en que la violencia no debe ser un mecanismo de negociación entre los actores políticos y sociales. De acuerdo con el documento América Latina y el Caribe: Gobernanza Efectiva, más allá de la recuperación, es necesaria la redefinición del contrato social, a través de nuevos acuerdos políticos y sociales, y el acompañamiento de instituciones multilaterales para garantizar la prosperidad económica, la paz y la cohesión social en la región para no dejar a nadie atrás.
